Portugal: Portugal plantea cobrar la sanidad pública a extranjeros no residentes o irregulares
Portugal: Portugal plantea cobrar la sanidad pública a extranjeros no residentes o irregulares
Los partidos que sustentan al Gobierno conservador de
Portugal han lanzado una nueva iniciativa para restringir el acceso gratuito al
sistema público de salud de los extranjeros no residentes o en situación
irregular, que tendrían que pagar por la asistencia o demostrar que cuentan con
algún tipo de cobertura sanitaria.
#PORTUGAL El Partido Social Demócrata (PSD), del primer
ministro, Luís Montenegro, y su socio democristiano CDS-PP han presentado en el
Parlamento un proyecto para modificar la Ley de Bases de Salud y limitar quién
puede beneficiarse del Servicio Nacional de Salud (SNS).
La propuesta, que todavía deberá ser debatida y votada y,
por tanto, no supone un cambio de las reglas actualmente en vigor, establece
como principio que los extranjeros que permanezcan regularmente en Portugal
puedan seguir siendo beneficiarios del SNS.
En cambio, quienes se encuentren en situación irregular o no
residan en el país deberán pagar por los cuidados recibidos o presentar un
comprobante de que están cubiertos, por ejemplo, por un seguro, un convenio
internacional o un tercero responsable.
El proyecto mantiene el acceso a los cuidados "urgentes
y vitales" independientemente de la situación del paciente, aunque
establece que posteriormente deberá presentar la documentación necesaria.
Además, PSD y CDS-PP quieren que la legislación permita
identificar a quién corresponde asumir el coste de la atención y facilite su
cobro, contemplando incluso mecanismos como garantías o pagos anticipados.
Los dos partidos justifican la reforma, entre otros
argumentos, con datos de un informe de la Inspección General de Actividades en
Salud (IGAS) de noviembre de 2024.
Según las cifras citadas por PSD y CDS-PP, unos 330.000
extranjeros no residentes en Portugal fueron atendidos en los servicios de
urgencias hospitalarias del SNS entre 2021 y septiembre de 2024.
De ellos, más de 140.000 no disponían de seguros o acuerdos
internacionales que cubrieran la asistencia recibida.
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