Estados Unidos: Una jueza de Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos por Aerolíneas Argentinas

 Estados Unidos: Una jueza de Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos por Aerolíneas Argentinas

La medida busca hacer efectiva una condena que exige a nuestro país el pago de aproximadamente U$S 390 millones como compensación por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, en 2008.


#ESTADOSUNIDOS La Justicia de Estados Unidos asestó un nuevo y duro golpe financiero a la República Argentina al habilitar formalmente al fondo Titan Consortium a comenzar el proceso de búsqueda y pedido de embargo sobre activos estatales en el exterior. La medida busca hacer efectiva una condena que exige a nuestro país el pago de aproximadamente 390 millones de dólares, más intereses acumulados, como compensación por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral concretada en 2008.

La resolución fue dictada por la jueza Jia Cobb, integrante de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en un fallo con fecha del viernes 25 de septiembre. A partir de esta orden, el fondo acreedor queda facultado para solicitar medidas cautelares y congelar bienes comerciales argentinos radicados en jurisdicciones internacionales a partir del lunes 28 de septiembre.

En los fundamentos de la sentencia, la magistrada norteamericana justificó la luz verde a las ejecuciones al considerar que transcurrió un plazo más que razonable desde la orden original de pago dictada por la justicia estadounidense en diciembre de 2024. Cobb remarcó con severidad que, en los 21 meses transcurridos desde aquel fallo, la Argentina no dio muestras ni realizó esfuerzo alguno para avanzar en la cancelación o el cumplimiento de la sentencia.

El extenso periplo judicial tiene sus raíces en el reclamo impulsado en 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el grupo español Marsans, por entonces controlante de la aerolínea de bandera. Tras un fallo favorable de dicho tribunal arbitral en 2017 por más de 320 millones de dólares y la ratificación del laudo en 2019, los derechos de litigio fueron cedidos primero al fondo Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, firma que acudió a la justicia de EE.UU. en 2021 para validar la ejecución.

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