Italia: Derechos Humanos

 

Italia: Derechos Humanos

Hubo nuevos informes de tortura a manos de personal penitenciario. La violencia contra las mujeres continuó estando en unos niveles alarmantemente elevados.

Tortura y otros malos tratos:

Miles de personas detenidas sufrían condiciones de reclusión precarias en celdas atestadas y ruinosas. Se temía que tal situación guardara relación con el creciente número de ellas que se suicidaban —83 en 2024, a fecha de 20 de diciembre—.

 

Tampoco cumplían las normas internacionales las condiciones de vida en los centros de repatriación de migrantes, a quienes se recluía en jaulas con mobiliario de hormigón, instalaciones higiénicas inadecuadas y falta de actividades significativas.

 

En abril, varias fiscales revelaron que se había detenido a 13 funcionarios penitenciarios y suspendido a otros ocho a raíz de acusaciones de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra niños en el centro de internamiento de menores de Milán. También se estaba investigando a dos exdirectoras del centro por no impedir ni denunciar los abusos, que se habían prolongado durante años.

 

Violencia contra mujeres y niñas:

Hubo 95 homicidios de mujeres en episodios de violencia de género en el ámbito familiar, de los que 59 fueron obra de la pareja o expareja de la víctima.

 

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la “elevada prevalencia de la violencia de género contra las mujeres” y por que no se contabilizaran todos los casos. También señaló que la definición de la violación no se basaba en el consentimiento.

 

Discriminación:

El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, de la ONU, y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) publicaron informes en septiembre y octubre, respectivamente, en los que describían el modo en que las personas romaníes, africanas y de ascendencia africana, migrantes y LGBTI seguían siendo objeto de racismo y discriminación, incluso por parte de autoridades estatales.

 

Ambos organismos lamentaron el uso sistemático de criterios raciales por agentes encargados de hacer cumplir la ley, y el mecanismo de la ONU señaló además que la aplicación de la ley se veía empañada por la presunción de criminalidad aplicada de manera generalizada a las personas africanas o de ascendencia africana. A la ECRI le preocupaba el discurso xenófobo, homófobo y tránsfobo con que se expresaban incluso figuras políticas y cargos públicos.