Italia: El abuso de la detención relacionada con la migración en condiciones punitivas priva a las personas de libertad y dignidad

 

Italia: El abuso de la detención relacionada con la migración en condiciones punitivas priva a las personas de libertad y dignidad

En Italia, las personas migrantes y solicitantes de asilo están siendo privadas ilegítimamente de su libertad en centros de detención que no cumplen las normas internacionales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en su nueva declaración pública.

“La detención se debe emplear de manera excepcional y como medida de último recurso. Sin embargo, en los centros que visitamos nos encontramos con personas racializadas que nunca debieron haber sido detenidas. Personas con problemas graves de salud mental. Personas que buscan asilo debido a su orientación sexual o activismo político, pero que provienen de países que el gobierno italiano ha designado arbitrariamente como ‘seguros’. Personas que tienen responsabilidades de cuidado o que huyen de la violencia de género o la explotación laboral. Estas órdenes de detención innecesarias desbaratan la vida, la salud y las familias”, ha manifestado Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.

En 2023, el gobierno italiano adoptó medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración, entre ellas planes para la construcción de nuevos centros de detención, la ampliación a 18 meses del tiempo máximo de detención para la repatriación y la aplicación de “procedimientos fronterizos” a las personas procedentes de “países seguros” que buscan asilo, lo que se traduce en la detención automática de personas sobre la base de su nacionalidad, práctica contraria al derecho internacional, que exige la realización de evaluaciones individuales.

A la luz de estos acontecimientos y de las constantes denuncias de condiciones de detención y trato deficientes, Amnistía Internacional visitó dos centros de detención, Ponte Galeria (Roma) y Pian del Lago (Caltanissetta) en abril de 2024. En los centros, la delegación se reunió con personas de Túnez, Irán, Georgia, Marruecos, Perú, Egipto, Gambia y China, entre otros países. En la declaración pública de Amnistía Internacional se detallan las conclusiones de las visitas y se destaca la información recopilada en reuniones con autoridades, abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

“El hecho de que las autoridades italianas no hayan establecido un sistema efectivo de alternativas a la detención, combinado con un proceso jurídico inadecuado supervisado por jueces no profesionales, está llevando a abusar de la detención. En Italia, la legislación y las prácticas son incompatibles con el derecho y las normas internacionales y dan lugar a violaciones no solo del derecho a la libertad, sino también del derecho a asilo, a un recurso efectivo y a asistencia jurídica”, ha afirmado Dinushika Dissanayake.

“La detención se debe emplear de manera excepcional y como medida de último recurso. Sin embargo, en los centros que visitamos nos encontramos con personas racializadas que nunca debieron haber sido detenidas. Personas con problemas graves de salud mental. Personas que buscan asilo debido a su orientación sexual o activismo político, pero que provienen de países que el gobierno italiano ha designado arbitrariamente como ‘seguros’. Personas que tienen responsabilidades de cuidado o que huyen de la violencia de género o la explotación laboral. Estas órdenes de detención innecesarias desbaratan la vida, la salud y las familias”, ha manifestado Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.

En 2023, el gobierno italiano adoptó medidas destinadas a ampliar el uso de la detención relacionada con la migración, entre ellas planes para la construcción de nuevos centros de detención, la ampliación a 18 meses del tiempo máximo de detención para la repatriación y la aplicación de “procedimientos fronterizos” a las personas procedentes de “países seguros” que buscan asilo, lo que se traduce en la detención automática de personas sobre la base de su nacionalidad, práctica contraria al derecho internacional, que exige la realización de evaluaciones individuales.

A la luz de estos acontecimientos y de las constantes denuncias de condiciones de detención y trato deficientes, Amnistía Internacional visitó dos centros de detención, Ponte Galeria (Roma) y Pian del Lago (Caltanissetta) en abril de 2024. En los centros, la delegación se reunió con personas de Túnez, Irán, Georgia, Marruecos, Perú, Egipto, Gambia y China, entre otros países. En la declaración pública de Amnistía Internacional se detallan las conclusiones de las visitas y se destaca la información recopilada en reuniones con autoridades, abogados y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

“El hecho de que las autoridades italianas no hayan establecido un sistema efectivo de alternativas a la detención, combinado con un proceso jurídico inadecuado supervisado por jueces no profesionales, está llevando a abusar de la detención. En Italia, la legislación y las prácticas son incompatibles con el derecho y las normas internacionales y dan lugar a violaciones no solo del derecho a la libertad, sino también del derecho a asilo, a un recurso efectivo y a asistencia jurídica”, ha afirmado Dinushika Dissanayake.